San José, Costa Rica, y Ciudad de México, 3 de mayo de 2020. Hoy se cumplen catorce años de los hechos de represión social, detenciones arbitrarias masivas y uso sistemático de la tortura- incluida la tortura sexual- por fuerzas policiales estatales y federales en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, sin que se haya avanzado sustancialmente en los procesos de justicia y las medidas de no repetición ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en diciembre de 2018.

 

El caso Atenco y muchos otros más documentados desde ese entonces muestran la persistencia de prácticas generalizadas de tortura sexual a mujeres; encarcelamiento de personas inocentes y falta de investigación de graves violaciones a derechos humanos en México. Transformar esta realidad lacerante con medidas estructurales es fundamental si México pretende consolidarse como un Estado democrático rompiendo con las prácticas violatorias a derechos humanos del pasado que han permitido la impunidad.

 

Sin embargo, a más de 16 meses de la notificación de la sentencia de la Corte IDH Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco, no hay resultados concretos en la investigación penal y permanecen incumplidas las medidas más relevantes ordenadas para garantizar la no repetición de los hechos.

 

En este sentido, aunque existe una nueva investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), aún sigue abierta la investigación en la fiscalía local del Estado de México cuyas serias deficiencias fueron expuestas en la sentencia emitida por la Corte IDH, por ser incompatibles con los estándares internacionales en materia de investigación de casos de tortura.

 

Además de la investigación de los responsables de los hechos ocurridos, la Corte IDH ordenó al Estado mexicano, entre otras medidas de reparación: (1) fortalecer el Mecanismo interinstitucional contra la tortura sexual a mujeres, coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM); y (2) crear un Observatorio independiente para monitorear el uso de la fuerza y la rendición de cuentas de las fuerzas policiales a nivel federal y del Estado de México.

 

Respecto al Mecanismo contra la tortura sexual, las mujeres y sus representantes participamos durante meses en reuniones con las autoridades, aportando propuestas e insumos para la ruta de fortalecimiento. Sin embargo, dicho proceso se suspendió de facto desde octubre de 2019, cuando las instituciones informaron que tenían que revisar la propuesta construida. Hasta la fecha las autoridades no han reactivado este proceso para avanzar en la propuesta.

 

Respecto a la creación del Observatorio independiente del uso de la fuerza, el Estado no ha realizado acción alguna encaminada a su cumplimiento desde que le fue notificada la sentencia en diciembre de 2018. Las organizaciones representantes también hemos aportado insumos para impulsar esta medida, sin resultados.

 

Si bien en México, como en todo el mundo, se atraviesa por una emergencia sanitaria por la pandemia que origina el COVID19, las organizaciones representantes consideramos que la demora en el cumplimiento de estas dos medidas de reparación no se debe a esta emergencia. Por el contrario, el Estado mexicano ha tenido oportunidad para avanzar con las propuestas de estos mecanismos desde hace meses, y no lo ha hecho. De acuerdo con la sentencia de la Corte IDH, el Estado cuenta con un plazo de dos años para el cumplimiento de las reparaciones; sin embargo, las demoras prolongadas amenazan con imposibilitar que el Estado de cumplimiento dentro del plazo dispuesto por la Corte IDH.

 

Como ha ocurrido desde  que sucedieron los hechos, hace 14 años, son las propias mujeres sobrevivientes quienes han construido caminos hacia la justicia para otras víctimas de tortura, represión social y encarcelamiento injusto, fundando la campaña nacional Rompiendo el Silencio y acompañando a diversas personas, colectivos y comunidades. Las liberaciones de varias de las mujeres integrantes de la campaña muestran tanto que sus casos eran ejemplos de detenciones arbitrarias y acusaciones falsas, como el impacto que han tenido las mujeres del caso Atenco en combatir la violencia estatal desde una lógica de solidaridad, organización y denuncia pública.

 

Sería inaceptable que, frente a la lucha larga y constante de las mujeres y a la existencia de una sentencia condenatoria que demuestra sin lugar a dudas que ellas siempre dijeron la verdad, el Estado no cumpliera con las medidas de no repetición de los hechos de tortura y represión ordenadas por un tribunal internacional. Por lo anterior, este aniversario de los hechos constituye un llamado al Estado para cumplir estas medidas fundamentales dentro del plazo otorgado por la Corte IDH.