Ciudad de México, 6 de abril de 2022.- Tres elementos de la Secretaría de la Marina (Semar) fueron detenidos y se les dictó auto de formal prisión en el fuero civil por su probable participación en el delito de tortura contra dos mujeres y un hombre trans, cometida tras su detención arbitraria realizada hace 11 años.
Korina Utrera, Denis Blanco y Charly Hernández fueron detenidas arbitrariamente el 27 de agosto de 2011, en Tabasco, por elementos de la Marina, quienes les retuvieron ilegalmente en instalaciones militares por más de 30 horas, tiempo en el que fueron víctimas de tortura sexual. Consecuencia de las pruebas obtenidas bajo tortura, las sobrevivientes fueron privadas de su libertad por cinco años hasta ser absueltas en noviembre de 2016.
En agosto de 2021, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, dictó una resolución mediante la cual negó la orden de aprehensión solicitada contra los elementos de la Semar por los delitos de tortura, abuso de autoridad, contra la administración de justicia y, la falsedad de declaraciones tanto judiciales como en informes dados a la autoridad, esto por considerar que “no se acreditaba que el sufrimiento generado a las mujeres fuera grave”.
Contra esta determinación, y con el apoyo del Centro Prodh, la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura de la FGR presentó un recurso de apelación, el cual fue resuelto el 22 de noviembre de 2021 ordenando librar las órdenes de aprehensión contra los marinos únicamente por el delito de tortura.
La detención de los elementos y el inicio del proceso penal es un paso relevante para la justicia que ellas y él han buscado desde que retomaron su libertad, exigiendo que se sancione a los responsables y no haya impunidad.
Desde el Centro Prodh hacemos un llamado al Poder Judicial de la Federación para que juzguen con perspectiva de género y respetando el debido proceso. Así como a que se garantice la seguridad y participación efectiva de las sobrevivientes, sus familias y sus representantes legales. Especialmente, es indispensable proteger a las personas víctimas en este caso de cualquier intimidación o represalia, dados los antecedentes del caso.
El caso de Korina, Denis y Charly es muestra de los riesgos en la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y la falta de controles y supervisión de carácter civil, que en muchos casos derivan en graves violaciones a los Derechos Humanos y que permanecen en impunidad. La eventual sanción a los responsables es trascendental en un contexto de profundización de la militarización en el país.
Desde el Centro Prodh, hemos documentado 29 casos de mujeres sobrevivientes en el informe “Mujeres con la Frente en Alto”, y constatamos la persistencia de esta práctica en acompañamientos recientes, como hemos visibilizado a través de la campaña “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”.
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En México, la tortura sexual contra mujeres sigue siendo una práctica generalizada. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) de 2021, 64.4% de las mujeres entrevistadas dijeron haber sido sujetas a violencia durante la detención, de las cuáles 25% refieren que la agresión fue de carácter sexual (15% agresiones sexuales, 4.5% violación y 4.6% lesiones en órganos sexuales). Lo que ocurre en contextos de impunidad, tan solo en 2020, la Fiscalía Especial del Delito de Tortura reportó más de 5,000 investigaciones iniciadas por tortura; solo dos de ellas judicializadas. Lo que muestra la relevancia de avanzar en investigaciones como ésta.
