Tlaxcala, a 27 de septiembre de 2024.- Familiares de Keren Selsy Ordóñez, joven sobreviviente de tortura y quien ha estado injustamente encarcelada desde hace más de ocho años por un delito que no cometió, organizaciones acompañantes y personas solidarias hicieron un llamado al Poder Judicial del Estado de Tlaxcala para revisar a detalle la acusación en su contra, valorar adecuadamente las pruebas y dictar una sentencia absolutoria que reconozca su inocencia, para que obtenga su libertad lo antes posible, y así revertir la injusticia de la que ha sido víctima.
El 11 de diciembre de 2015, Keren fue detenida arbitrariamente por hombres vestidos de civil (que después supo que eran agentes de la Policía Federal y de la Policía Ministerial de Tlaxcala), quienes la subieron a un vehículo, le quitaron a su hija —de menos de un mes de nacida— a quién las autoridades también presentaron en calidad de detenida. Los agentes policiales ejercieron múltiples actos de tortura física y psicológica contra Keren, incluyendo amenazas de hacerle daño a su hija, para obligarla a firmar una declaración donde se autoinculpaba de participar en un secuestro. Tras un proceso que ignoró las graves violaciones a sus derechos humanos, donde hubo múltiples irregularidades y que no se analizó con perspectiva de género, Keren fue sentenciada a 50 años de prisión, sin haber cometido el delito del que se le acusaba. Desde entonces está privada de su libertad en el Centro de Reinserción Social Femenil del Estado de Tlaxcala, ubicado en el municipio de Apizaco, lejos de su familia que radica en Xalapa, Veracruz.
Desde 2021, el Centro Prodh y la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) han documentado y acompañado su caso; tras un amparo que Keren obtuvo a su favor, un Tribunal Federal ordenó reponer su proceso por distintas irregularidades detectadas; por lo que nuevamente hay una oportunidad de que se resuelva su situación jurídica con una nueva sentencia. En mayo del presente año diversos expertos y expertas de Naciones Unidas dirigieron una comunicación al Estado mexicano llamando la atención sobre el caso del Keren y recordando las obligaciones internacionales que debe cumplir para garantizar sus derechos humanos.
Actualmente, el proceso penal de Keren se encuentra pronto a concluir; este 27 de septiembre, se llevó a cabo la audiencia de derecho, por lo que a partir de ahora el Juzgado se encuentra posibilitado de dictar sentencia. Debido a esto, la familia de Keren, las organizaciones civiles acompañantes y personas solidarias se reunieron a las afueras del Juzgado del Sistema Tradicional Penal Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes en Apizaco, para hacer un llamado a esta instancia a que deseche las pruebas derivadas de las graves violaciones a los derechos humanos de las que Keren ha sido víctima; que el caso de Keren se juzgue con perspectiva de género, se tome en cuenta las irregularidades y las graves violaciones a derechos humanos de las que fue víctima y dicte una sentencia absolutoria para que ella consiga su libertad.ambien hacieron un llamados a las autoridades locales, para que revisen a detalle este caso de encarcelamiento injusto y tomen acciones concretas para erradicar la práctica de la Tortura en Tlaxcala y en el país.
Durante el acto, las convocantes difundieron la campaña #LibertadParaKeren, en la plataforma de change.org México, la cual ya lleva más de 10 mil firmas, para sumar a más personas, y hacer llegar el mensaje a los tomadores de decisiones en torno al caso de Keren, para que su caso se resuelva a la brevedad y pueda a casa con sus padres y su hija.
Durante la actual administración federal se ha reconocido que la tortura es una práctica que persiste en nuestro país. De acuerdo con el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida Contra Mujeres Privadas en su libertad en México, ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco y publicado por la Secretaría de Gobernación y , que retoma mil 280 entrevistas a mujeres privadas de libertad en diferentes centros de reclusión alrededor del país, el 79.3% de las mujeres entrevistadas señalaron haber vivido tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como sucedió con Keren. Las autoridades más denunciadas por realizar posibles actos de tortura son la Policía Federal, con 28%, las policías estatales (con 19%), los ministeriales estatales (con 16%) y la policía municipal con 13%.
La sentencia absolutoria en el caso de Keren contribuiría a enviar un mensaje de que las autoridades de justicia de Tlaxcala no permiten prácticas violatorias a los derechos humanos en los procesos, que afectan al sistema de justicia en nuestro país, a las mujeres en particular y a la sociedad en general.
Conce más sobre su caso en www.centroprodh.org.mx 
