Ciudad de México, a 12 de agosto de 2018. El Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal determinó que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha realizado una investigación exhaustiva, adecuada y efectiva del caso Tlatlaya y, en respuesta a un recurso de la víctima y sobreviviente Clara Gómez González, ordenó a la dependencia federal realizar una serie de diligencias para esclarecer de inmediato el caso y fincar responsabilidades, incluyendo la cadena de mando involucrada en la ilegal orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad.
La sentencia, dictada el 25 de mayo de 2018, indica que las autoridades deben -de manera ininterrumpida y con celeridad- realizar diligencias pendientes, analizar pruebas para identificar a los probables responsables tanto materiales como por cadena de mando, investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad y a quienes intervinieron en su emisión, respetar el derecho de la víctima a coadyuvar activamente en el caso y programar cronológicamente las diligencias, pudiendo llegar al ejercicio de la acción penal.
Al analizar el juicio de amparo 545/2017, interpuesto el 15 de junio de 2017, el juez Erik Zabalgiotia Novales reconoció que la investigación defectuosa de la PGR ha violado los derechos de la víctima a la adecuada impartición de justicia y a ejercer la coadyuvancia, contemplados en los artículos constitucionales 17 y 20 apartado B.
La reciente decisión del juez se basa en que no se llevaron a cabo diversas diligencias anteriormente ordenadas; que algunas de las que sí se realizaron no son pertinentes ni idóneas; que no se analizaron pruebas provenientes tanto del expediente como de la CNDH y de las propias declaraciones de los militares involucrados; y que no se ordenó recabar nuevas pruebas ni fortalecer la acción penal. Además, las autoridades no han considerado las pruebas ofrecidas por la víctima ni han hecho esfuerzos para investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad, revelada por el Centro Prodh en el primer aniversario de los hechos.
Es necesario recordar que, debido a la fallida investigación de la PGR, a la fecha no hay ninguna persona rindiendo cuentas ante la justicia al no haber ofrecido las pruebas suficientes para señalar individualmente a los responsables, a pesar de que la propia CNDH acreditó que entre 12 y 15 de las víctimas fueron ejecutadas arbitrariamente; que no se ha establecido con precisión el número de víctimas de ejecución y que no se ha castigado a nadie por la alteración de la escena. Esta falta de debida diligencia es una de las múltiples formas que toma el inaceptable encubrimiento de graves violaciones a los derechos humanos en México.
Para Clara Gómez y sus representantes, el hecho de que el Poder Judicial tenga que ordenar a la PGR que realice una investigación de forma adecuada tras cuatro años de una de las violaciones a derechos humanos más emblemáticas del sexenio es ilustrativo de los riesgos de la Ley de Seguridad Interior, que dota de mayores facultades a la Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública sin que haya contrapesos ni salvaguardas extraordinarias.
La falta de rendición de cuentas de los elementos militares y el abuso de la fuerza han sido una constante desde el inicio de la Guerra contra el Narcotráfico. Para cerrar una etapa que ha causado inconmensurables pérdidas y dolor a centenares de miles de familias en México, es indispensable hacer un cambio del paradigma de seguridad, pero también procurar justicia pronta en los casos concretos que han puesto rostro a la grave crisis de derechos humanos en México.
Información adicional
El 30 de junio de 2014, 22 personas perdieron la vida en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. La Sedena señaló que fue resultado de un enfrentamiento entre un grupo criminal y elementos del Ejército pertenecientes al 102 Batallón de Infantería.
Sin embargo, el testimonio de Clara Gómez González y la Recomendación 51/2014 de la CNDH revelaron que un número hasta ahora indeterminado de estas muertes fue resultado de ejecuciones arbitrarias cuando los civiles ya se habían rendido y que existió alteración de la escena del crimen para encubrir a los responsables.
Obviando estándares nacionales e internacionales sobre jurisdicción militar, la Sedena inició una averiguación previa. En marzo de 2016, el Juzgado Sexto Militar dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete militares acusados; el séptimo fue condenado solamente a 1 año de prisión por el delito de desobediencia.
La PGR inició la Averiguación Previa PGR/SDHPDSC/DGASRCMDH/DDMDH/CNDH-1/298/2014 y acusó a militares por el homicidio de 8 civiles y encubrimiento, pero por la falta de pruebas contundentes para señalar la identidad individual de los soldados responsables, estos fueron liberados en mayo de 2016 a pesar de considerarse probado que existieron ejecuciones arbitrarias.
La víctima y sus representantes han promovido diversos recursos legales buscando remediar las deficiencias e irregularidades en la investigación y ha ofrecido medios de prueba para ahondarla, que han sido ignorados en su mayoría.
El 31 de julio de 2017, el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México ordenó a la PGR, mediante una sentencia de amparo dictada dentro del Juicio 545/2017, que realice con debida diligencia la investigación de los hechos. La PGR impugnó la decisión, que fue ratificada el mes pasado.
Cabe mencionar que la CNDH ha emitido 45 recomendaciones a las Fuerzas Armadas sobre casos de ejecuciones extrajudiciales entre diciembre 2006 y abril del 2017.
