Este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres recordamos que las detenciones arbitrarias, los actos de tortura, las violaciones a derechos humanos contra las mujeres y la discriminación en razón de género en el sistema de justicia persisten. Un caso representativo de ello es el caso de Keren Selsy Ordoñez, sobreviviente de tortura y quien lleva más de ocho años presa en Apizaco, Tlaxcala por un delito que no cometió.
Keren Selsy Ordoñez fue detenida el 11 de diciembre de 2015 por hombres armados vestidos de civil (que eran policías de la Procuraduría de Tlaxcala y de la entonces Policía Federal), con su hija de un mes de nacida en brazos. Fue sometida a actos de tortura y amenazada con hacerle daño a la bebé, para obligarla a autoinculparse de haber participado en un secuestro. Mientras que su ex pareja, también detenido junto con ella, cumplió una condena de cuatro años de prisión, en 2019, Keren fue sentenciada a 50 años y continúa luchando por su libertad.
En 2021, un Tribunal Colegiado concedió un amparo al considerar que se habían violentado derechos procesales; por lo que ahora hay una segunda oportunidad de que Keren consiga su libertad. Sin embargo, a más de dos años, autoridades de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala mantienen una acusación injusta en contra de Keren. Mientras que, el juzgado del sistema tradicional penal y especializado en administración de justicia para adolescentes, continúa postergando indefinidamente su proceso penal, priorizando formalismos frente a la libertad de una mujer inocente.
Keren no ha recibido una nueva sentencia por una diligencia que no se ha podido realizar, a pesar de su insistencia en que se utilicen otros medios que faciliten que se lleve a cabo. Por ello, hacemos un llamado al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, así como al Poder Judicial de la Federación, que está a cargo de supervisar el cumplimiento de la sentencia de amparo, se dé prioridad a la resolución del caso y se logre #LibertadParaKeren.
Sobre el tema de tortura, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida Contra Mujeres Privadas en su libertad en México, que retoma mil 280 entrevistas a mujeres privadas de libertad en diferentes centros de reclusión alrededor del país, revela que el 79.3% de las mujeres entrevistadas señalaron haber vivido tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como sucedió con Keren.
Las autoridades más denunciadas por realizar posibles actos de tortura son la policía federal, con 28%, las policías estatales (con 19%), los ministeriales estatales (con 16%) y la policía municipal con 13%. Esto muestra, además, que continúa el incumplimiento pleno de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Atenco para erradicar esta práctica.
Además, el caso de Keren muestra el uso discriminatorio del sistema penal contra las mujeres, y de la falta de perspectiva de género, que ignora las circunstancias de vulnerabilidad y violencia en las que se encuentran. Las autoridades incumplieron su deber de juzgar con perspectiva de género, y no se tomaron en cuenta las violaciones cometidas contra sus derechos humanos; también se ignoró la especial situación de vulnerabilidad de Keren al momento de ser detenida y se basaron se en estereotipos para hacerla responsable de actos que no cometió.
Víctimas y sobrevivientes, como Keren, con toda dignidad, no dejan de buscar justicia ante estos actos que deben ser erradicados en el país. Hacemos un llamado a que estas prácticas sean erradicadas, a revertir la impunidad y a que se juzgue con perspectiva de género para lograr #JusticiaParaKeren y #JusticiaParaTodas.
Conoce más sobre su caso en: https://centroprodh.org.mx/keren-ordonez/ |
