Ciudad de México a 16 de diciembre de 2025. El día de ayer, la CNDH notificó la recomendación 201VG/2025 por violaciones graves a derechos humanos, la primera respecto a hechos cometidos durante la actual administración, relacionados con la ejecución arbitraria de dos niñas por parte de elementos del Ejército mexicano, en Sinaloa, en mayo de 2025.
Cabe resaltar que se trata de hechos en los que dos niñas de 7 y 11 años de edad - Leidy y Alexa-, fueron privadas de la vida, a la vez que su prima y primo de 12 y 14 años de edad, así como dos adultos fueron heridos de gravedad; esto, consecuencia de que elementos del Ejército abrieron fuego sin justificación alguna en contra de la camioneta en la que circulaban en una carretera en el estado de Sinaloa. En un inicio, se anunció que se trató de un enfrentamiento, versión que nunca fue desmentida ni corregida públicamente por las autoridades.
La recomendación, de manera acertada, reconoce que las niñas fueron privadas de la vida resultado del uso indebido de la fuerza por parte de los elementos militares, que sus derechos como niñas se vieron vulnerados; así como, se violentó el derecho a la integridad personal de las personas sobrevivientes y el derecho a la familia de los integrantes de esta.
Además, hace una referencia importante respecto a que las víctimas son parte de una familia que ya se había visto agraviada por abusos militares en 2008, cuando uno de sus integrantes fue privado arbitrariamente de la vida arbitrariamente por elementos del Ejército, lo que derivó en que el caso llegara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), remitiendo al informe publicado por este órgano internacional.
Lamentablemente, desde una perspectiva más amplia, el organismo ombudsperson es omiso de hacer un análisis más profundo sobre las implicaciones respecto a lo que representa este caso en el marco de una política de seguridad que ha perpetuado y profundizado el despliegue militar, aunado a la falta de medidas de no repetición ante graves violaciones a derechos humanos documentadas en los últimos años, como las que ya había sufrido esta familia.
La CNDH omite denunciar la práctica de la Fiscalía General de Justicia Militar de abrir investigaciones paralelas en casos de violaciones graves a derechos humanos e incluso legitima las actuaciones iniciales llevadas a cabo en el fuero militar. Adicionalmente, el organismo no hace un análisis urgente y necesario sobre el rezago en el acceso a la justicia que ha provocado que las investigaciones a cargo de la FGR a la fecha no tengan buen cause.
Con base en los patrones previos visto en casos como el presente, preocupa que la Comisión no investigó a profundidad el intento inicial de encubrir los hechos circulando el rumor de que se había tratado de un fuego cruzado; versión que en eventos similares de uso arbitrario de la fuerza por elementos castrenses ha sido utilizada frecuentemente, como justificación para evitar la rendición de cuentas.
Finalmente, en la integración del expediente de queja se privó de una perspectiva victimal; sin poner al centro las exigencias de las víctimas respecto a sus expectativas de las investigaciones –en el fuero civil y por el propio organismo de derechos humanos– y de las medidas reparatorias que son fundamentales para la familia.
La recomendación incluye una serie de medidas reparatorias, entre otras, una disculpa por parte de las Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la cual, conforme a los estándares internacionales, debe de ser consentida en todos sus extremos por las víctimas.
El caso de Leidy y Alexa pone rostro a los efectos más lesivos y dolorosos de una política de despliegue militar, sin controles efectivos para la rendición de cuentas, en particular en un contexto de debilitamiento de las instituciones que deberían de fungir como contrapesos, como lo hemos documentado respecto de la propia CNDH. También, es un reflejo de la necesidad de que desde las más altas autoridades se emita un mensaje claro de que este tipo de hechos, constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, no deben volver a repetirse.
Las familias continuarán denunciando y exigiendo justicia para estas dos niñas y para quienes han sido objeto de las graves violaciones a derechos humanos derivadas de estas políticas de profundización de la militarización, que se perpetúan a lo largo de las diversas administraciones.
