Ciudad de México, 06 de octubre de 2015.- Nuevamente a través de los medios de comunicación, la principal testigo y sobreviviente del caso Tlatlaya, quien es representada legalmente por este Centro de Derechos Humanos, tuvo conocimiento de la liberación de cuatro elementos de la SEDENA involucrados en los hechos del 30 de junio de 2014. La resolución no ha sido notificada a Clara Gómez González, conocida como la testigo Julia, en una reiteración de la falta de reconocimiento de su calidad de víctima tanto en el fuero civil como en el fuero militar.

 

Si bien este Centro de Derechos Humanos desconoce por esta situación los extremos de la resolución, ha trascendido que el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México ordenó la libertad de estos cuatro elementos, continuando sujetos a proceso penal federal otros tres. Lo anterior, en cumplimiento a una determinación del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México. Frente a las voces de distintos actores que aluden a esa resolución como una exoneración de la responsabilidad del Ejército en la masacre, es preciso recordar que tres elementos del Ejército Mexicano siguen procesados por homicidio, es decir, por una violación grave a los derechos humanos como es la ejecución arbitraria. Los señalamientos sobre autoría material de las ejecuciones por parte de tres activos de las Fuerzas Armadas son consistentes con los dichos de las sobrevivientes y se sostienen hasta el momento; ello no implica que el resto de los involucrados sean ajenos a la comisión de conductas ilícitas, dado que incurrieron en encubrimiento y en alteración del lugar de los hechos. En otras palabras, el Ejército no ha sido exonerado.

 

La información que circula en la opinión pública debe llamar la atención sobre la actuación de la PGR, que al ser quien acusa debe presentar cargos penales sostenibles jurídicamente, garantizando los derechos de las víctimas y realizando una investigación exhaustiva y diligente. También debe llamar la atención sobre la actuación del Poder Judicial Federal, garante del debido proceso para todas las personas sujetas a procesos penales, incluidas las víctimas.  De persistir la PGR y el PJF en su patrón de actuación, podría consolidarse la impunidad en uno de los más graves casos de ejecuciones arbitrarias y encubrimiento de la historia reciente.

 

Vale la pena resaltar que a partir del Informe presentado por este Centro de Derechos Humanos el día 2 de julio del año en curso, en el que se dio a conocer la existencia de una orden militar inconstitucional propiciatoria de graves violaciones a derechos humanos que ordenaba a los castrenses abatir a civiles en horas de oscuridad, las respuestas de las autoridades federales han sido insuficientes, por decir lo menos. La PGR se negó a investigar la cadena de mando, sin mayor fundamentación que su sola negativa; decisión que actualmente se encuentra impugnada y pendiente de resolverse.

 

A más de un año de la masacre, es pertinente recordar que la CNDH, el órgano constitucionalmente facultado para determinar la violación de derechos humanos, resolvió en la Recomendación 51/2014 que entre 12 a 15 personas fueron arbitrariamente privadas de la vida, en un contexto distinto al de un enfrentamiento; resolviendo además la violación a otros derechos como a la verdad, al acceso a la justicia y a la integridad personal respecto de las sobrevivientes.

 

En suma, la justicia y la verdad frente al caso Tlatlaya continúan pendientes, sin que la reciente resolución que se ha dado a conocer en los medios ponga fin al juzgamiento de estas graves violaciones a derechos humanos. No obstante, dicha resolución alerta sobre la posibilidad de que el caso quede impune, en la medida en que persista la negativa a reconocer a las víctimas y sus derechos. Este riesgo no es menor, si se considera que en su reciente visita a México la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que en la grave crisis de violaciones que vive el país la impunidad es estructural.