Las buscadoras y las organizaciones asistentes lamentaron la falta de interés por parte de las autoridades mexicanas de asistir de manera presencial a la audiencia y que no se contara con una representación de alto nivel de manera remota de autoridades como la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), además de la inasistencia de la Fiscalía General de la República (FGR). Esto da cuenta de la falta de priorización del Estado respecto a la crisis de desapariciones y a los riesgos para las buscadoras. 

Durante la audiencia se destacó que, desde el momento en el que se convocó a ésta a finales de enero de este año, hasta que se llevó a cabo, asesinaron a dos personas buscadoras: Ángela Almeraz y Noé Sandoval. Además, continúa desaparecida Lorenza Cano, desde el 15 de enero de este año. 
Alejandra Martínez, integrante del colectivo Por las Voces sin Justicia en Sinaloa, quien busca a su hermano Ismael Alejandro desde 2020, relató una de las estampas de la violencia a partir del asesinato de la buscadora Rosario Lilián Rodríguez Barraza tras una ceremonia religiosa organizada por el Día internacional de las Víctimas de Desaparición en 2022. Rosario había recibido múltiples amenazas previo al ataque sin que las autoridades hubieran proveído alguna protección. “El caso de nuestro colectivo y del asesinato de Rosario Lilián es algo que vivimos las buscadoras en todo el país, nos siguen, nos amenazan, nos amedrentan, nos criminalizan y revictimizan, pero seguimos buscando”, enfatizó Martínez.

Bibiana Mendoza, integrante del colectivo “Hasta Encontrarte” en Guanajuato y quien busca a su hermano Manuel, habló sobre la negativa de las autoridades para reconocerlas como defensoras de derechos humanos e incorporarlas al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para brindarles protección derivada de su labor de búsqueda. “A la Comisión y al Estado Mexicano le decimos que somos defensoras de derechos humanos y que al negarnos la incorporación nos ponen en más riesgo”, expresó durante la audiencia. 

Javier Barajas y Ma. del Tránsito Piña, padres del buscador Javier Barajas Piña asesinado en 2021 tras buscar a su hermana Guadalupe, hablaron sobre los impactos de la impunidad, ya que hasta la fecha no hay sentencias condenatorias por los hechos.  

Durante la audiencia se enfatizó que estos riesgos y agresiones se enmarcan en la falta de acciones concretas del Estado por atender la crisis de desaparición, lo que impone la carga de la búsqueda de sus seres queridos en las familias, que conlleva a mayores riesgos en tanto las buscadoras atestiguan que las acciones del Estado no son guiadas por una política para prevenir y dar respuesta a las desapariciones. Esto se ve reflejado en las recientes acciones de revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas cuyo resultado ha sido el de minimizar la dimensión de la crisis, al considerar como “confirmadas” únicamente 12 mil denuncias de las casi 115 mil.  

Por su parte el Estado se enfocó en el marco normativo interno y protocolos, sin atender los señalamientos de las buscadoras sobre la falta de implementación de las leyes en la materia, la falta de funcionamiento adecuado de la institucionalidad y una falta de coordinación entre autoridades, lo cual encrudece la situación de riesgo de las personas buscadoras. En particular, no se abordaron las dificultades que ellas enfrentan para ser reconocidas como defensoras de derechos humanos e incorporadas en el Mecanismo.

Las Comisionadas y otros funcionarios de la CIDH expresaron su preocupación por los riesgos planteados en la audiencia, la falta del reconocimiento de las buscadoras como personas defensoras y manifestaron su compromiso de mantener un enfoque en la problemática, a través de la elaboración de un informe sobre desapariciones en México.
La comisionada Andrea Pochak, quien es relatora para México, habló de tres prioridades: el Estado tiene que acompañar activa y comprometidamente las búsquedas, debe fortalecer urgentemente la identificación forense y combatir la impunidad. “Que salir a buscar a sus seres queridos implique poner en riesgo su propia vida es intolerable”, expresó.

Representantes de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH expresaron su solidaridad con las personas buscadoras y pidieron que el Estado aporte información sobre la falta de implementación de leyes, sobre la insuficiencia de recursos para la búsqueda y cuestionaron el objetivo del llamado “Censo” de personas desaparecidas.  

Por su parte el representante de la ONUDH en México, Jesús Peña, destacó que la violencia exacerbada, sumada a la desprotección que enfrentan las personas buscadoras, ha llevado en los últimos meses a algunas mujeres buscadoras a hacer llamados desesperados a los grupos criminales para que no las agredan y les permitan realizar su labor sin miedo.

Finalmente, las buscadoras expusieron una serie de solicitudes a la CIDH: que se requiera al Estado reconocer a las personas buscadoras en su calidad de personas defensoras y se definan esquemas de protección colectiva para las búsquedas independientes, reconociendo la diversidad de las buscadoras y de sus medios de búsqueda. De igual forma, solicitaron que se requiera al Estado información precisa sobre el número de solicitudes de protección de las personas buscadoras al Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, así como información sobre los pasos dados para investigar y en su caso sancionar los asesinatos y desapariciones de las personas buscadoras, en particular de los más de 20 casos identificados por las participantes en la audiencia. 

Por último, las participantes, solicitaron a la nueva Relatora para México y al pleno de la CIDH, que llevaran a cabo una visita urgente a México, poniendo especial atención a la crisis de desapariciones.