Ciudad de México, a 26 de agosto de 2022.- El día de hoy, los padres y las madres de los normalistas desaparecidos fijaron posición sobre los recientes acontecimientos relacionados con el caso, durante su marcha en la Ciudad de México con la que desde hace 95 meses exigen justicia y verdad. Las organizaciones de derechos humanos que les hemos acompañado estos años respaldamos su posicionamiento.

 

Respecto del Informe elaborado y presentado por el Presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (COVAJ), los padres y las madres subrayaron que al calificar el caso como “crimen de Estado” y señalar responsabilidades en los tres niveles de gobierno -incluyendo a elementos del 27 Batallón de Infantería, en el ámbito federal- el reporte da la razón a lo que señalaron desde el principio de su lucha hace 8 años, con el añadido de que hoy es la propia administración pública federal en sus más altos niveles -y no sólo los familiares, las organizaciones, las instancias internacionales o los tribunales- quienes así lo aceptan.

 

En cuanto a las hipótesis sobre paradero que surgen de dicho Informe, subrayamos que las familias han reiterado que su lucha ha sido por la verdad, por dolorosa que sea, siempre sobre la base de que ésta se acredite de la manera más técnica y científica posible. Por ello, les abrazamos en su incertidumbre y dolor.

 

Por otro lado, compartimos la preocupación de los padres y de las madres por las menciones efectuadas en el Informe sobre los obstáculos que, ya en esta administración, se han enfrentado en el esfuerzo de esclarecimiento, especialmente respecto de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ejército.

 

Finalmente, nos adherimos a la exigencia de las familias en el sentido de que todos los nuevos indicios deben ser revisados técnicamente a la brevedad por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que brinda asistencia en el caso.

 

En cuanto a la detención y el inicio del proceso en contra de quien fuera Procurador General de la República, como han dicho los padres y las madres este es un paso hacia la rendición de cuentas de quienes fraguaron una versión falsa sobre lo ocurrido, construida sobre la base de la tortura y otras irregularidades, para cerrar precipitadamente el caso por la presión social que este había generado, causando a las y los familiares de los normalistas un daño irreparable.

 

Destacamos en particular la enorme dignidad de las familias, quienes una y otra vez han reiterado que no tienen odio ni animadversión personal contra nadie, pues su lucha es por amor a sus hijos, al tiempo que han seguido insistiendo en que su prioridad es que se conozca la verdad; por ello, nos sumamos al llamado que han hecho al hoy vinculado y a otros implicados aún prófugos a cooperar con información.

 

Paralelamente, compartimos las preguntas de los padres y las madres ante el papel jugado por la Unidad Especializada en la Investigación del caso en esta fase reciente, pues no se han aclarado las razones por las que otro equipo técnico complementó su labor en esta etapa, y suscribimos el llamado a fortalecer la investigación en los noventa días otorgados por el juez, a efecto de que la apenas inicial vinculación a proceso subsista y no haya resoluciones posteriores adversas.

 

Como han dicho las madres y los padres, ni el esclarecimiento de la verdad ni el acceso a la justicia pueden darse por satisfechos o concluidos. Quedan aún incontables preguntas qué responder, y numerosos responsables por sancionar.

 

Por ello, seguiremos acompañando a las familias en este proceso en general y en la COVAJ en particular, pues se han abierto rutas que pueden acercar a la verdad.

 

En tanto organizaciones de derechos humanos que hemos acompañado a lo largo de estos años a las familias, hacemos eco de sus exigencias, siendo ellos y ellas los actores centrales de este proceso, y reconocemos una vez más el profundo testimonio de dignidad que han dado a lo largo de este tiempo los padres y las madres por amor a sus hijos, como lo hacen miles de familias en México en el contexto de la aún no superada crisis de desapariciones.