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Ciudad de México y San José, Costa Rica, a 21 de diciembre de 2018- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó hoy la sentencia adoptada el 28 de noviembre pasado en la que declara la responsabilidad del Estado mexicano por las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra 11 mujeres que sufrieron detenciones arbitrarias; tortura física, psicológica y sexual; y falta de acceso a la justicia. Esto ocurrió en el marco de la represión policial desplegada el 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México.
Con esta resolución, se confirma desde la más alta instancia judicial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos lo que las mujeres sobrevivientes han denunciado durante 12 años y se reivindica su lucha contra la impunidad. “El uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas. La Corte concluyó que el uso indiscriminado de la fuerza por parte del Estado en este caso, resultado de una ausencia de regulación adecuada, una falta de capacitación de los agentes, la supervisión y monitoreo ineficiente del operativo, y una concepción errada de que la violencia de algunos justificaba el uso de la fuerza contra todos”, destacó la Corte IDH en el resumen de su sentencia.
Por lo tanto, la Corte IDH confirmó que no se investigó, juzgó y sancionó a todas las personas responsables del operativo, tanto a nivel material como intelectual. Ante esto, la Corte IDH ordena al Estado realizar una investigación exhaustiva de los hechos que incluya a todas las formas de responsabilidad a nivel federal y estatal, sentando un precedente importante al explicitar que el Estado mexicano tiene el deber de esclarecer la participación de la cadena de mando.
En relación a los actos cometidos contra las mujeres de Atenco, el alto tribunal reconoce que la violencia del operativo utilizó la violencia sexual como práctica represiva. En este sentido, Corte ordena al Estado, entre otras cosas, implementar medidas de atención a las mujeres y para revertir las condiciones que permiten hasta hoy la comisión de tortura sexual y represión policiaca.
Como ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las sentencias de la Corte IDH son de carácter vinculante para México, por lo que el Estado está obligado a acatar todas las medidas ordenadas por la Corte Interamericana.
Recordamos que las 11 mujeres sobrevivientes acudieron al Sistema Interamericano desde abril de 2008, al constatar que ni el Estado de México ni la federación investigaban con diligencia lo ocurrido en Atenco. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió el caso en 2015, dando la razón a las mujeres y exigiendo al Estado esclarecer, sancionar, reparar y garantizar la no repetición de los hechos. Ante la falta de cumplimiento del Estado, la Comisión elevó el caso a la Corte IDH, y en noviembre de 2017 se celebró la audiencia pública del caso, a la que asistieron las 11 mujeres.
Ellas enfatizaron en sus testimonios orales y escritos ante la Corte que su búsqueda no es solamente por justicia por Atenco, sino para que otras personas no tengan que sufrir violaciones a derechos humanos, ni en el contexto de la protesta social, ni en otros contextos de detención.
Con esta sentencia histórica, el Estado tiene la posibilidad de poner fin a la impunidad en el emblemático caso de Atenco y de tomar medidas concretas para evitar que se reproduzcan tales violaciones a derechos humanos en otros contextos. El cumplimiento cabal y pronto de la sentencia notificada hoy por la Corte será una clara muestra del compromiso del nuevo gobierno en materia de derechos humanos.
Más aún, en un contexto en el que el modelo de seguridad está a discusión en México, por la intención de crear una Guardia Nacional militarizada, la sentencia emitida por la Corte en el caso Atenco -lo mismo que la resolución publicada el dìa de ayer respecto del caso Alvarado- obligan al Poder Legislativo mexicano a revisar la legislación que se pretende aprobar a la luz de los estándares fijados por el tribunal interamericano, que refuerzan la perspectiva de seguridad ciudadana de carácter civil y la fiscalización externa de las instituciones de seguridad.
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