Guanajuato a 18 de agosto de 2024. El próximo 20 de agosto de 2024, el Juzgado de Oralidad Penal con sede en Acámbaro dictará sentencia contra cuatro probables responsables de la desaparición de Guadalupe Barajas Piña, joven profesora del estado de Guanajuato; por lo que familiares, colectivos de búsqueda y organizaciones civiles hacen un llamado al Poder Judicial de la entidad a que garantice justicia en el primer caso de esta grave violación a los derechos humanos que llega a juicio en la entidad, y envíe un mensaje de no impunidad a toda la población.
El 29 de febrero de 2020, Guadalupe fue reportada como desaparecida y desde entonces, su familia se concentró en su búsqueda. En octubre de ese mismo año, en un predio ubicado en el Barrio de San Juan, municipio de Salvatierra, el cual mide alrededor de 600 metros cuadrados, fueron hallados 80 cuerpos de personas desaparecidas distribuidos en 65 excavaciones, siendo esta, la fosa clandestina más grande hasta el momento encontrada en dicho estado, en la misma en la que el cuerpo de Guadalupe fue encontrado. A la fecha, junto con Guadalupe se han identificado 65 cuerpos de dicha fosa, en un estado que hoy contabiliza más de 4,200 personas desaparecidas.
Posterior a la desaparición de su hermana Guadalupe, Francisco Javier - junto a sus padres Javier y María Tránsito - se dedicó a su búsqueda y a la de otras personas desaparecidas, incluso se incorporó como integrante de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Guanajuato. Lamentablemente, derivado de su labor, el 29 de mayo de 2021, fue asesinado por personas vinculadas a la desaparición de su hermana, lo que causó la consternación nacional e internacional. Desde entonces, los profesores Javier y María del Tránsito, padres de Javier y Guadalupe que no han cesado en la búsqueda de justicia por sus hijos y quienes fueron reconocidos internacionalmente por Front Line Defenders por esta labor, se encuentran desplazados debido a las amenazas y violencia en Guanajuato.
El pasado 15 de julio dio inicio el juicio oral por la desaparición cometida por particulares en perjuicio de Guadalupe Barajas Piña en contra de cuatro procesados, siendo el único caso de esta fosa que ha tenido avances sustantivos. Durante más de un mes, se desahogaron múltiples pruebas que sostienen la responsabilidad en la comisión de la desaparición de los inculpados, en un contexto donde la crisis de desapariciones en el estado continúa.
El juicio por la desaparición de Guadalupe ha sido posible gracias a la determinación y fortaleza de sus padres Javier y María Tránsito, quienes en meses recientes lograron que fueran sancionadas dos personas por el asesinato de su hijo. Ahora, el Poder Judicial de Guanajuato tiene la oportunidad de sentar un precedente de la mayor relevancia que envíe un mensaje a los colectivos de familiares de personas desaparecidas del estado y el país, de que es posible dar pasos hacia la justicia.
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Javier Barajas y Ma. del Tránsito Piña, padre y madre de Guadalupe y Javier Barajas Piña, son originarios de Salvatierra, estado de Guanajuato en México. Han dedicado su vida a la docencia, lo que los ha impulsado a su involucramiento en diversas luchas y causas sociales. Actualmente, debido a múltiples riesgos y amenazas por sus labores de búsqueda, viven desplazados de su Ciudad, pero siguen exigiendo verdad y justicia por la desaparición y asesinato de sus hijos.
Además, continúan su trabajo con colectivos de búsqueda y han compartido su historia frente a instancias internacionales como el Comité Contra la Desaparición Forzada, de la ONU (Comité CED por sus siglas en inglés), embajadas y distintas autoridades.
De acuerdo con el Comité CED, en sus Observaciones finales sobre la información complementaria presentada por México, no se cuenta con información actualizada del número de sentencias emitidas a nivel nacional; el último dato otorgado por el Estado al Comité fue de 11 sentencias condenatorias de enero de 2010 a noviembre de 2021 a nivel federal, y 36 en todo el país. Por lo que la sentencia en el caso de Guadalupe abonaría a avanzar en la procuración de justicia en casos de desaparición, ante la crisis que registra a más de 116,000 personas desaparecidas en el país.
