Ciudad de México, 05 de enero de 2022. El 31 de diciembre de 2021, el Juzgado de Distrito Décimo Primero en materia administrativa en Ciudad de México admitió una demanda de amparo contra la Fiscalía General de la República (FGR) por la omisión de crear el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF).
La demanda de amparo fue presentada por Olimpia Montoya, hermana de un joven desaparecido en Guanajuato. En ella se reclaman diversas afectaciones a su derecho a la verdad y justicia ocasionadas por la falta de creación y operación del Banco Nacional de Datos Forenses.
La Ley General en Materia de Desaparición de Personas, publicada en noviembre de 2017, ordenó la creación de diversas instituciones y mecanismos para afrontar la grave crisis de desaparición de personas en nuestro país. Entre estos se encuentra la creación y puesta en operación del BNDF, que debe concentrar la información forense con fines de identificación, incluyendo la genética, de los registros de las entidades federativas y de los federales, así como del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas. La FGR es la institución responsable de la creación y operación del BNDF, que debió comenzar a operar en enero de 2019, al cumplirse un año de la entrada en vigor de la Ley General. Al día de hoy, sin embargo, dicho Banco continúa sin existir.
La omisión de la Fiscalía ha sido advertida con preocupación por diversos familiares, colectivos, organizaciones y organismos internacionales -como la CIDH y el Comité CED de la ONU-, que en su reciente visita al país refirió como uno de los principales pendientes y obstáculos en el tema la ausencia de un Banco que homologue la información en materia forense y que permita el cotejo de los perfiles genéticos de personas fallecidas sin identificar con los perfiles que presentan las familias víctimas de desaparición.
Por ello, Olimpia Montoya, acompañada por el Centro Prodh, interpuso una demanda de amparo para que el Poder Judicial pueda evaluar el incumplimiento por parte de la FGR de la creación del BNDF mandatado en la Ley General. En la demanda se argumenta que dicha omisión, además de constituir el desacato de una norma, en los hechos ha implicado que Olimpia, como miles de familiares más, no pueda tener certeza de que los perfiles genéticos que han aportado a la Fiscalía están siendo cotejados de forma constante y continua con todas las bases de datos en materia genética de personas fallecidas no identificadas con la finalidad de dar con el paradero de su hermano.
Los múltiples hallazgos de fosas clandestinas y fosas irregulares en cementerios, realizados principalmente por las familias ante la omisión de las autoridades, no han sido debidamente procesados por la falta de capacidad técnica, diligente e inmediata por parte de las autoridades para realizar acciones en materia forense, incluyendo la identificación genética, que permitan la identificación de los cuerpos y restos hallados. Además del impacto en las familias, las deficiencias en el ámbito forense dificultan la búsqueda y la identificación de las personas desaparecidas.
Al día de hoy se tiene registro oficial de más de 95 mil personas desaparecidas y se contabilizan más de 52 mil cuerpos no identificados. De acuerdo con información de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, tan solo del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2021 se han localizado 1,749 fosas clandestinas y 3,025 cuerpos han sido exhumados. De éstos, únicamente 1,153 (38.11%) han sido identificados y apenas 822 (27.17%) han sido entregados a sus familiares. El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas señaló su preocupación al respecto y refirió la importancia de poner en marcha las herramientas de la Ley, resaltando sus recomendaciones anteriores respecto a la necesidad de contar con un registro unificado en materia forense y, por lo tanto, la necesidad de que la Fiscalía ponga a funcionar al BNDF.
A pesar de que la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Búsqueda han dado pasos importantes al impulsar la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense; la publicación del Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas; el establecimiento de las Comisiones de Búsqueda a nivel estatal; el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas o la creación del Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila, la omisión en la que ha incurrido la Fiscalía General de la República al no crear las referidas herramientas tecnológicas en los tiempos ordenados por la Ley impide avanzar en la identificación de personas en cada una de las investigaciones seguidas por este delito.
Ante esta realidad, que afecta a miles de familias en México, el Poder Judicial de la Federación tiene la oportunidad de revisar la omisión de la FGR en el cumplimiento cabal de lo establecido en la Ley General en materia de Desaparición de Personas, con la finalidad de garantizar los derechos de Olimpia y de miles de familias en todo el país, ordenando a las autoridades responsables realizar aquellas acciones necesarias para poner en operación el BNDF. De persistir la omisión de la FGR, se estará condenando a miles de familias a una búsqueda infructuosa, violando sus derechos y contribuyendo a la persistencia de la crisis de desapariciones e impunidad.
