Ante el creciente escándalo por la entrega de 600 km2 de nuestra provincia de Salta a Bolivia, el canciller Héctor Timerman salió ayer a desmentir todo, diciendo que ello nunca ocurrió, que se mantienen con el vecino país los mismos límites del Tratado de 1925 y que no existió ningún nuevo acuerdo bilateral, que desde luego debería haber sido aprobado y validado por nuestro Congreso Nacional.

Pero lo que Timerman oculta es mucho más grave que la valiente denuncia que hizo el diario El Tribuno de Salta sobre esta cuestión, e incluso que lo señalado por el comunicado de repudio emitido por la Juventud de nuestro Partido en dicha provincia.

La criminal cesión de territorio Argentino a Bolivia fue realizada el 28 de noviembre de 2013, con el sigilo de los delincuentes, nada menos que por la Comisión Nacional de Límites (CONALI), dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería de nuestro país. Efectivamente, en dicha fecha el kirchnerismo gobernante decidió colocar un nuevo hito en el paraje Abra de Santa Cruz que nos hizo perder 30 kilométros del límite que históricamente tenía nuestra provincia de Salta con Bolivia, un total de 600 km2, es decir, tres veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Para justificar semejante decisión, el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, ensayó ayer con premura una extraña y engorrosa explicación, difundida por la agencia oficial Telam: "el 28 de noviembre pasado, la Comisión Nacional de Límites (Conali) completó la densificación de los hitos sobre la línea recta limítrofe, colocando un séptimo hito en el sector Abra de Santa Cruz, dado que, por razones geográficas y/ climáticas, desde el valle del Río Santa Cruz no se pueden observar los hitos Peña Orko y Cerro Mecoya".

Lo cierto es que Timerman y Basteiro mienten, porque la colocación de ese hito fronterizo de manera unilateral y en perjuicio directo de la Argentina, sólo puede ser explicado en el marco de un acuerdo secreto entre el régimen kirchnerista y su aliado Evo Morales, de espaldas a nuestro Pueblo y burlando lo que establece el artículo 75 de nuestra Constitución Nacional. Los responsables de este latrocinio sobre nuestra Soberanía subestimaron la transcendencia que esto podía tener, por ser los directos despojados humildes campesinos salteños que viven en pequeñas y aisladas comunidades fronterizas, olvidadas y menospreciadas por el poder central. En una acción perfectamente coordinada, la colocación del hito provocó que las autoridades bolivianas de Tarija, respaldadas por oficiales y soldados del ejército boliviano, comenzaran a hostigar a los Argentinos Salteños residentes en la zona, dueños de esas tierras desde siempre, tratándolos como usurpadores que "o se iban o debían adoptar la nacionalidad boliviana".

Por otra parte, un gobierno que vive proclamando su defensa de los "derechos humanos", nada ha hecho en defensa de las 50 familias salteñas que están pidiendo desesperadas la protección de nuestro Estado frente a la agresión boliviana. Un reclamo evidentemente inútil, ya que no estamos en presencia de funcionarios argentinos sino de cómplices del extranjero y traidores a la Patria.

 

Algo similar ocurrió en el 2010, cuando un escuadrón del ejército boliviano, comandado por el coronel Willy Gareca, ocupó 40 hectáreas y robó maquinarias y tractores de ruralistas argentinos en la localidad de Aguas Blancas en Salta, situación que me llevó a apersonarme en la embajada de Bolivia en Buenos Aires y presentar una protesta formal a Evo Morales y su gobierno. La reacción inmediata de los mismos kirchneristas que hoy han consumado este despojo a su propio país, fue salir a descalificarme y atacarme en lugar de defender el Interés Nacional.

El próximo día lunes, con el inicio de la actividad judicial, presentaré una denuncia penal contra la presidente Cristina Fernández de Kirchner, contra el canciller Héctor Timerman, contra el gobernador Juan Manuel Urtubey, y contra el titular de la Comisión Nacional de Límtes (CONALI) Pablo Chelía, por los delitos de Traición a la Patria (art. 215 inciso 1 del Código Penal), Comprometer la Paz y la Dignidad de la Nación (art. 219 y 225 CP), Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de Funcionario Público (art. 248 CP) y Abandono de Personas (art. 106 CP).

 

Espero, asimismo, que el Congreso de la Nación inicie una urgente investigación sobre este gravísimo hecho y que los diputados y senadores de la denominada "oposición" demuestren que realmente les interesa la integridad de la Argentina y el bienestar de su Pueblo, y no simplemente un recambio electoral.