Esta mañana la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia mediante la cual resolvió que los cuatro artículos más cuestionados de la llamada Ley de Medios son constitucionales y por lo tanto deben ser aplicados.

Ahora bien, ¿cuál es el verdadero alcance y significado de esta sentencia, en el marco de una Argentina cuasi-acéfala, con una presidente ausente y un vicepresidente con más de 50 causas judiciales por corrupción? El conflicto derivado de la Ley de Medios enfrentó a dos verdaderos males o "demonios": el kirchnerismo por un lado, con su corte de funcionarios corruptos y de periodistas a sueldo, y el Grupo Clarín por el otro, un monopolio que desde hace décadas está al servicio de la desinformación y de las corporaciones transnacionales. El gobierno nacional no elaboró esta norma para favorecer la democratización de los medios de comunicación, como pretende afirmar, sino que la sancionó para crear sus propios monopolios e instaurar una suerte de gigantesco "diario de Yrigoyen", donde únicamente se relaten las noticias que le convienen al régimen. El Grupo Clarín, por su parte, tampoco trabaja por la libertad de expresión y de opinión, términos que su política editorial desconoce en los hechos, sino que brega por no perder sus privilegios económicos.

Por todo esto, el verdadero alcance de la Ley de Medios, lamentablemente, va a ser muy limitado. Se habla de combatir monopolios, pero bajo este mismo gobierno se han construído otros "Clarines", como el grupo manejado por Sergio Szpolzki, quien en los '90 estuvo involucrado en estafas bancarias desde su puesto de tesorero de la AMIA y que ahora se recicló como "empresario de medios"; el grupo Vila-Manzano; o el multimedio controlado por Cristóbal López, por citar sólo tres casos conocidos. Sería interesante, por ejemplo, que se indague de dónde salen los fondos de cada uno de esos poderes mediáticos. ¿Cómo hace el diario "El Argentino" para imprimir 150 mil ejemplares por día, tener una amplia red de distribución gratuita y sobrevivir con unas pocas publicidades minúsculas? Resulta sospechoso, máxime cuando su dueño es el mismo Szpolsky que fue echado por un tribunal de ética de su propia comunidad. La conclusión es que la Ley de Medios no vino a cambiar nada, sino que sólo introdujo algunos jugadores más para que el kirchnerismo pueda seguir haciendo negociados.

La acción de Ricardo Lorenzetti, actual presidente de la Corte y uno de los funcionarios que está en la línea directa de sucesión presidencial, no deja de ser una jugada política significativa. Mientras vino demorando hasta hoy la sentencia para que Clarín tuviese el tiempo suficiente para preparar su estrategia y hacer una desinversión fraudulenta que le permitiese disfrazar su monopolio a través de grupos más pequeños controlados por testaferros, paralelamente, le dio al gobierno y sus seguidores un poco de oxígeno después de la durísima derrota electoral que sufrieron el último domingo. Es decir, Lorenzetti quedó bien con ambos “demonios”. Hay que tener en cuenta este hecho, más aún cuando son crecientes los rumores sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner no pueda asumir nuevamente el poder, y sabiendo que ni Amado Boudou ni Beatriz Rojkés de Alperovich están en condiciones de afrontar dos años de mandato, ya que el Pueblo no toleraría en ese lapso a ninguno de estos personajes siniestros. Con este panorama, y descartadas figuras menores como Julián Domínguez, Lorenzetti se proyectaría como un sucesor viable de la presidente, ordenador del tiempo de transición y tal vez con un escenario de elecciones anticipadas, con el apoyo del oficialismo y de Clarín.

Desde el Nacionalismo planteamos la lucha por la verdadera Libertad de Opinión, donde no haya espacios para más monopolios de ninguna ìndole: ni estatales ni privados. Queremos medios realmente libres e independientes. Hoy son miles los periodistas que están sometidos a estos dos “demonios”, y que no pueden plantear sus auténticas ideas por temor a perder el trabajo y no conseguir otro. Hay cientos de pequeñas radios y canales de televisión en todo el territorio nacional que sirven a sus comunidades y que se ven ahogados económicamente por los poderes de turno.

Ésta es la realidad que la Ley de Medios no resuelve, porque ni al kirchnerismo ni a Clarín les importa garantizar ningún derecho ni proteger libertad alguna. Los dos bandos quieren el control total, y el control total significa el silenciamiento de aquellos que no están alineados al sistema imperante, que están hartos de este cambalache de mentiras, decadencia y corrupción. Sólo un gobierno Patriota y con una visión Federal puede cambiar esta situación, mientras tanto, esta farsa continuará.

Buenos Aires, 29 de octubre de 2013.