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Liberación/ Actos de hostigamiento judicial/ Temor por la seguridad e integridad
El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) ha recibido nuevas informaciones y solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en México.
Nuevas informaciones
El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con grave preocupación informaciones del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (PRODH), organización miembro de la Red SOS-Tortura de la OMCT, sobre nuevos actos de hostigamiento judicial contra el Sr. Israel Arzate Meléndez, que fue arbitrariamente detenido por más de tres años, torturado y acusado falsamente por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua de haber participado en la masacre de Villas de Salvárcar.
Según las informaciones recibidas, el 6 de noviembre de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió otorgar al Sr. Israel Arzate Meléndez el amparo liso y llano contra la vinculación a proceso que buscaba realizar en su contra la Fiscalía General del Estado de Chihuahua por el multihomicidio en el caso de la masacre de Villas de Salvárcar (ver más adelante). El Sr. Israel Arzate Meléndez salió libre ese mismo día después de haber pasado un año en prisión preventiva, otro año bajo arraigo y otro más bajo arraigo domiciliario.
Sin embargo, según las mismas informaciones, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua sigue criminalizando al Sr. Israel Arzate Meléndez ya que anunció el día después de la liberación que solicitaría una nueva orden de aprehensión contra el Sr. Arzate para volver a vincularlo a proceso por el mismo delito. Se nos ha informado que para justificar este actuar irregular, representantes de la Fiscalía están difundiendo ampliamente en los medios de comunicación que tienen pruebas en contra del Sr. Arzate, afirmación que no tiene sustento. La misma autoridad está difundiendo que nunca ha utilizado la confesión obtenida bajo tortura como prueba en contra del Sr. Arzate, cuando consta en el Auto de Vinculación a Proceso de 2010 que ésta sí fue utilizada para sujetar a la víctima a un proceso penal. En este contexto, preocupa en extremo la arbitrariedad y mendacidad con la que se conduce la Fiscalía en sus declaraciones ante medios de comunicación.
Por otra parte, la Fiscalía ha dado a conocer que considera al Sr. Arzate “prófugo” por haber dejado Ciudad Juárez después de su liberación, aun cuando no exista ninguna medida judicial restrictiva de su libertad. Se anunció incluso que agentes de la Fiscalía están buscando al Sr. Arzate en la Ciudad de México en este momento y que han pedido apoyo a la Procuraduría General de la República para arrestar al Sr. Arzate en cualquier parte del país, acción que carecería de fundamento jurídico y constituiría una detención ilegal y arbitraria.
El Secretariado Internacional de la OMCT manifiesta su profunda preocupación por estos nuevos actos de hostigamiento judicial contra el Sr. Israel Arzate Meléndez, y solicita a las autoridades competentes tomar todas las medidas necesarias para que cese cualquier tipo de hostigamiento en su contra y garantizar la libertad, la seguridad y la integridad del mismo y de todo los miembros de su familia.
Asimismo, la OMCT condena la violación de los derechos fundamentales del Sr. Israel Arzate Meléndez, quien fue detenido arbitrariamente, y manifiesta su seria preocupación por las recientes declaraciones por autoridades chihuahuenses sobre la supuesta responsabilidad del Sr. Israel Arzate Meléndez por la masacre de Villas de Salvárcar, horas después de que la Suprema Corte mexicana anulara el proceso penal en contra de la víctima por este delito que no cometió.
La OMCT recuerda que México es un Estado parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), instrumentos internacionales de derechos humanos que prohíben la tortura, los malos tratos y la detención arbitraria, y que consagran la presunción de inocencia. La OMCT señala además que según el artículo 15 de la Convención de Naciones Unidas Contra la Tortura, “Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración”.
Por tanto, la OMCT solicita a las autoridades que cesen los actos de criminalización en contra del Sr. Arzate y que en vez de tales acciones, garanticen la realización de investigaciones exhaustivas, efectivas e imparciales tanto de la masacre de Villas de Salvárcar como de las torturas sufridas por el Sr. Israel Arzate Meléndez, y que los resultados se hagan públicos, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal independiente, competente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley.
Contexto
El Sr. Israel Arzate Meléndez estuvo arbitrariamente detenido durante casi cuatro años, acusado falsamente por la Fiscalía Estatal de haber participado en la masacre de Villas de Salvárcar cometida en Ciudad Juárez el 30 de enero de 2010 y en la que murieron 15 jóvenes.
El Sr. Israel Arzate Meléndez fue detenido e incomunicado por elementos militares el 3 de febrero de 2010 en Cuidad Juárez. Para justificar su detención, los militares argumentaron que el Sr. Israel Arzate Meléndez fue detenido en supuesta flagrancia el 4 de febrero de 2010, supuestamente en posesión de una camioneta que tenía reporte de robo. De manera ilegal, el Sr. Israel Arzate Meléndez permaneció durante días en instalaciones militares y fue torturado (golpes, toques eléctricos, asfixia con una bolsa de plástico) para obtener una confesión falsa en la que se autoinculpara por la masacre.
En base a esta confesión, el Sr. Israel Arzate Meléndez fue acusado del multihomicidio. La evidencia de tortura sufrida por éste, documentada en la recomendación 49/2011 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitida el 31 de agosto de 2011, así como por organismos internacionales de derechos humanos, fue ignorada desde el inicio de su detención por representantes del Ministerio Público y del poder judicial del Estado de Chihuahua. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas declaró arbitraria la detención del Sr. Israel Arzate Meléndez y exigió su liberación inmediata. Fue hasta el 6 de noviembre de 2013 que la Primera Sala de la Suprema Corte le otorgó un amparo liso y llano contra la acusación de homicidio, decretando su inmediata liberación.
Acción solicitada
Por favor, escriban a las autoridades mexicanas urgiéndolas a:
i. tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad del Sr. Israel Arzate Meléndez y de todos los miembros de su familia;
ii. Tomar todas las medidas necesarias para que cese cualquier tipo de hostigamiento en su contra;
iii. llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos arriba denunciados, cuyos resultados se hagan públicos con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal independiente, competente, justo e imparcial, y de aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
iv. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los pactos y convenciones regionales e internacionales de Derechos Humanos, ratificados por México.
Direcciones
- CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua: ODORICO VÁZQUEZ BERNAL SECRETARIO PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR, Conmutador 614 4293300, Extensiones 11104, 11105, despachodelejecutivo@hotmail.com
- LIC. JOSÉ LUIS ARMENDÁRIZ GONZÁLEZ, Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, Tel. 01 (800) 201 1758, (614) 201 2990 cedhch@prodigy.net.mx
- JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ NICOLÁS, Fiscal General del Estado de Chihuahua, Conmutador 614 4293300, Extensiones 11402, 11416, Teléfono Directo 614 4293385, subzn@yahoo.com.mx
- Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra, 16 Avenue du Budé. 1202, Ginebra, Case postale 433, FAX: + 41 22 748 07 08, E-mail: mission.mexico@ties.itu.int
Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de México en sus respectivos países.
Ginebra, 9 de noviembre de 2013
Agradeceremos que nos informen de cualquier acción emprendida, indicando el código de la presente llamada.
Declaración de WOLA sobre la liberación de Israel Arzate
8 nov 2013
El 6 de noviembre de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación de Israel Arzate Meléndez. Arzate había sido falsamente acusado de participar en la masacre del 31 de enero del 2010, en la que 15 estudiantes fueron asesinados en la colonia de Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua. Él fue detenido arbitrariamente el 3 de febrero del 2010 y posteriormente torturado por elementos del ejército mexicano hasta que se confesara a ser responsable por los crímenes. Desde entonces, él ha sido recluido, primero en la cárcel y luego, a partir de septiembre del 2012, bajo arresto domiciliario.
Organizaciones de derechos humanos, mexicanas e internacionales, así como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han abogado por la liberación de Arzate y han tratado posicionar su caso ante la opinión pública. Su liberación es en gran parte el resultado de la labor incansable y efectiva de las organizaciones de derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Red de Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, que han abogado a favor suyo.
El caso de Arzate subraya las preocupaciones actuales sobre el sistema judicial de México, especialmente el uso generalizado de la tortura para obtener confesiones. Su confesión fue aceptada por los tribunales en el Estado de Chihuahua, a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) había verificado que la confesión había sido obtenida a través de tortura. Esto es especialmente preocupante teniendo en cuenta que el uso de confesiones obtenidas mediante la tortura está prohibido en México; y que el Estado de Chihuahua es uno de los estados que han adoptado plenamente las reformas judiciales de México, las cuales tienen el propósito de proteger contra las irregularidades y abusos.
La decisión de la Suprema Corte es un paso importante hacia el respeto al debido proceso y los derechos humanos en México.
A pesar de esta decisión importante de la Suprema Corte, nos hemos enterado de las intenciones del gobierno de Chihuahua de acusar de nuevo a Arzate. Llamamos a las autoridades del gobierno de Chihuahua a poner fin a la criminalización pública de Arzate y asegurar la protección de él y de su familia.
http://www.wola.org/es/noticias/declaracion_de_wola_sobre_la_liberacion_de_israel_arzate
Posicionamiento del CDH Paso del Norte sobre el caso de Israel Arzate
Viernes, 08 Noviembre 2013
Dadas las graves irregularidades y violaciones a los derechos humanos presentes en su caso, el miércoles 6 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena la liberación de Israel Arzate Meléndez, acusado de participar en la masacre de Villas de Salvárcar en enero del 2010, donde se asesinaron a 16 estudiantes adolescentes.
La noticia ha generado polémica en Ciudad Juárez, pues además de evidenciar la mala actuación del Estado mexicano, responsable directo de la seguridad y justicia de la población, varios medios de comunicación locales, así como algunos familiares de las víctimas, se han pronunciado no sólo por cuestionar la justicia, sino también criminalizan a las y los defensores derecho humanistas como “defensores de delincuentes” entre otros supuestos descalificativos.
Este clima de linchamiento mediático y manipulación política no abona en nada a la paz ciudadana y sí en cambio alienta la confusión y el odio social al desinformar tomando postura parcial ante un hecho evidentemente lamentable, definitivamente injusto y que sigue dejando más interrogantes que respuestas. La masacre de Villas de Salvárcar espera la verdad de los hechos y castigo a los verdaderos culpables; la justicia para Israel Arzate es problemático para el gobierno de Chihuahua por que demuestra el retroceso en derechos humanos a partir de un caso plagado de vicios de origen y, desafortunadamente también, se observa la manipulación del Estado en las declaraciones de algunos familiares de las víctimas.
El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte celebra la liberación de Israel Arzate, así como el trabajo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, la Red Mesa de Mujeres y el Centro de Apoyo a Migrantes, para que esto haya sido posible, pero por otro lado vemos con preocupación que la justicia para las víctimas de Villas de Salvárcar sigue sin resolverse más allá del discurso oficial. No es calumniando el desempeño de organizaciones derecho humanistas ni induciendo a la opinión pública hacia el revanchismo como se logrará hacer justicia a este terrible hecho de sangre.
De la justicia de cada uno, nace la paz para todas y todos
Ciudad Juárez, Chihuahua, a 8 de noviembre del 2013
México: La decisión de la Suprema Corte en el caso de Israel Arzate, un avance importante
Jueves, 07 Noviembre 2013
Amnistía Internacional celebra la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ordenar la liberación de Israel Arzate Meléndez fundamentada en la nulidad de su declaración autoinculpatoria obtenida bajo tortura en instalaciones militares.
Es esencial ahora que las autoridades del estado de Chihuahua respeten la decisión de la Corte y garanticen la seguridad de Israel Arzate y su familia.
La Primera Sala de la SCJN resolvió el día de ayer, 6 de noviembre, conceder el amparo a Israel Arzate Meléndez y ordenar su liberación inmediata. Esta decisión de la Corte es trascendental al confirmar las obligaciones de las normas internacionales de derechos humanos, en particular la Convención contra la Tortura, que estipulan claramente que la confesión o el testimonio obtenido mediante tortura o maltrato no puede ser admitido en procesos judiciales.
El caso Arzate tiene implicaciones fundamentales para las procuradurías de justicia y los juzgados en diferentes jurisdicciones del país que siguen ignorando evidencia de tortura con el objetivo de mantener el valor probatorio de los testimonios obtenidos bajo coerción. Esta práctica lleva a la condena de inocentes y la impunidad para los verdaderos culpables y sigue siendo un obstáculo grave para prevenir la tortura.
Israel Arzate fue detenido arbitrariamente el 3 de febrero de 2010 y trasladado a un cuartel militar donde fue sometido a tortura y amenazas en presencia de un agente del ministerio público para obtener su confesión autoinculpatoria. La filmación de su confesión sirvió como prueba de cargo para acusarle de haber participado en la masacre de Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, Chihuahua, en la que murieron 15 jóvenes y otros 10 resultaron heridos el 30 de enero de 2010. Desde entonces Israel Arzate ha permanecido detenido, estando los últimos meses sometido a arresto domiciliario.
A pesar de la decisión de la Suprema Corte, Amnistía Internacional ve con preocupación las declaraciones realizadas por autoridades estatales que aseguran contar con evidencias en contra de Israel Arzate, a pesar de que nunca han acreditado su participación en los hechos con más pruebas que la confesión falsa. Además, la organización ha recibido información de que tras darse a conocer la decisión de la Suprema Corte, agentes de la procuraduría estatal intentaron trasladar a Israel Arzate desde su casa, donde permanece custodiado por policías, para asistir a una supuesta audiencia judicial inexistente y de la que no se había notificado a sus abogados, lo cual podría constituir un acto de intimidación.
Es preocupante que las autoridades del estado de Chihuahua parezcan no aceptar la implicación de la decisión de la Suprema Corte de que el caso montado contra Israel Arzate fue basado en las violaciones de derechos humanos y la negación al debido proceso. Es hora de reflexionar sobre esta realidad, aceptar plenamente el fallo y garantizar la seguridad de Israel Arzate y su familia contra cualquier represalia que pudiera sufrir por haber sido liberado.
Asimismo Amnistía Internacional llama a la Procuraduría General de la República a investigar la tortura de la que fue objeto Israel Arzate, juzgar a los responsables y asegurar la reparación moral y material del daño.
Finalmente, Amnistía Internacional considera que esta sentencia pone en evidencia la falta de capacidad del sistema de procuración de justicia en México para llevar a cabo investigaciones efectivas que permitan identificar a las personas responsables de graves hechos de violencia como la masacre de Villas de Salvárcar y llevarlas ante la justicia sin recurrir a métodos violatorios de los derechos humanos como la tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes para obtener confesiones auto-inculpatorias. Esta falta de capacidad provoca que la mayor parte de los crímenes que se producen en el país continúen en la impunidad. Por ello Amnistía Internacional recuerda la obligación del estado mexicano de realizar investigaciones prontas, efectivas e imparciales, garantizado el respeto por los derechos humanos, que aseguren el acceso a la justicia y la verdad para las familias de las víctimas y las personas supervivientes.
Información adicional
Una investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos confirmó que Israel Arzate había sido sometido a tortura, y emitió la recomendación 49/2011 en relación a este caso. Sin embargo, las conclusiones de esta investigación no fueron tenidas en cuenta por la procuraduría y el poder judicial del Estado de Chihuahua al evaluar la confesión obtenida de Israel Arzate.
En febrero de 2012, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria declaró que Israel Arzate había sido detenido arbitrariamente y pidió su liberación.
En noviembre de 2012, el Comité Contra la Tortura de la ONU lamentó que “ciertos tribunales continúen aceptando confesiones presuntamente obtenidas bajo coacción o tortura”, resaltando que “el caso de Israel Arzate Meléndez resulta paradigmático para ilustrar la persistencia de esas prácticas [de tortura] incluso en aquellas jurisdicciones en las que ya ha sido implantado el nuevo sistema de justicia penal”.
http://amnistia.org.mx/nuevo/2013/11/07/mexico-la-decision-de-la-suprema-corte-en-el-caso-de-israel-arzate-un-avance-importante/
México: Trascendental pronunciamiento de la Suprema Corte en caso sobre tortura
La sentencia de la Suprema Corte implica el reconocimiento por parte del poder judicial de que la confesión de Israel Arzate se obtuvo cercenando sus derechos y nunca debería haber sido admitida como evidencia.
José Miguel Vivanco, Director para las Américas
(Washington, D.C.) – Una sentencia dictada por la Suprema Corte de México el 6 de noviembre de 2013 ratifica el principio de derecho constitucional de ese país que considera inadmisible las pruebas obtenidas mediante tortura u otras violaciones de derechos humanos fundamentales, señaló hoy Human Rights Watch.
La Corte dispuso la liberación inmediata de Israel Arzate Meléndez. El señor Arzate Meléndez fue detenido arbitrariamente por militares en 2010, sometido a torturas para que confesara haber participado en un homicidio múltiple y permaneció más de tres años en prisión preventiva a la espera de un juicio. La Suprema Corte aún no ha dado a conocer los fundamentos de la sentencia, de modo que por el momento se desconoce su alcance preciso.
“La sentencia de la Suprema Corte implica el reconocimiento por parte del poder judicial de que la confesión de Israel Arzate se obtuvo cercenando sus derechos y nunca debería haber sido admitida como evidencia”, indicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Además de liberar a Israel, la Corte debería emplear este pronunciamiento para ratificar una prohibición clara e inequívoca de uso de evidencias asociadas con torturas en el sistema judicial mexicano”.
El caso de Arzate fue uno de los más de 170 casos de tortura examinados por Human Rights Watch en su informe de noviembre de 2011, Ni Seguridad, Ni Derechos, que documentó el uso generalizado y sistemático de torturas por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas que intervenían en operativos contra el narcotráfico en cinco estados. En agosto de 2013, Human Rights Watch presentó un amicus curiae en la causa ante la Suprema Corte.
El 3 de febrero de 2010, Arzate fue detenido arbitrariamente por miembros del Ejército y hombres vestidos de civil mientras caminaba en la vía pública en Ciudad Juárez y fue llevado a una base militar. Una vez allí, fue mantenido incomunicado y torturado hasta que confesó —sobre la base de un relato ficticio proporcionado por quienes lo interrogaron— haber participado en el macabro asesinato de un grupo de estudiantes en el barrio Villas de Salvárcar el 31 de enero de 2010. Las torturas aplicadas incluyeron simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y asfixia.
Luego de ser presentado ante diversos periodistas como presunto implicado, Arzate fue trasladado a una cárcel, pero fue posteriormente sustraído del establecimiento por policías ministeriales y llevado una vez más a la base militar, donde nuevamente fue torturado.
Durante la audiencia de vinculación a proceso, Arzate informó a la jueza interviniente que su confesión había sido obtenida mediante torturas y que había sido trasladado fuera de la prisión y torturado en una base militar. Pese a ello, la jueza igualmente dictó su procesamiento. La justicia ordenó que Arzate permaneciera en prisión preventiva durante seis meses mientras se llevaba a cabo la investigación, y esta detención luego se extendió por otros seis meses. La legislación del estado de Chihuahua contempla un período máximo de prisión preventiva de un año.
Al término del segundo período de seis meses, otro tribunal dispuso la detención de Arzate a través de un proceso de arraigo, invocando que “ha[bía] aumentado el riesgo para la sociedad”. El arraigo permite a los agentes del Ministerio Público, con autorización judicial, ampliar el período de detención de personas que presuntamente hayan participado en actividades de delincuencia organizada, antes de haber sido acusadas de la comisión de un delito. Arzate fue transferido a un centro de detención policial, y retenido allí hasta el 26 de septiembre de 2012, cuando un tribunal determinó que su permanencia en el establecimiento policial era ilegal y le concedió el arresto domiciliario.
La Comisión Nacional de los Derechos Humano (CNDH) de México investigó el caso de Arzate y determinó que había sido mantenido incomunicado y torturado por militares antes de ser puesto a disposición de agentes del Ministerio Público. La comisión practicó una pericia médica y comprobó que el estado físico y psicológico de Arzate era compatible con las torturas que había relatado, conforme consta en su recomendación sobre el caso emitida en agosto de 2011.
En octubre de 2012 la Primera Sala de la Suprema Corte atrajo el caso.
El amicus de Human Rights Watch expuso los argumentos jurídicos para que se dispusiera la liberación de Arzate en razón de que las pruebas obtenidas mediante tortura no deben ser admitidas, conforme a lo establecido en las normas internacionales de derechos humanos, incluidas aquellas consagradas en tratados ratificados por México. En el amicus, Human Rights Watch indicó: “nos parece sumamente importante que esta Suprema Corte reitere que una confesión obtenida bajo tortura es inadmisible como prueba de cargo en un proceso penal seguido en contra de la víctima de tortura”.
La Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura de México, promulgada en 1991, tipifica a la tortura como un delito federal y estipula que ninguna confesión o información obtenida mediante el uso de la tortura puede utilizarse como prueba en un juicio. En junio de 2008, México aprobó una reforma constitucional en la cual ratificó la inadmisibilidad de evidencias obtenidas mediante torturas u otras violaciones de derechos fundamentales.
Human Rights Watch destacó la particular importancia que reviste el pronunciamiento de la Suprema Corte debido a que el caso se originó en Chihuahua, el primer estado mexicano en realizar la transición al nuevo sistema acusatorio y oral que procura garantizar de manera más amplia los derechos fundamentales. “Uno de los ejes rectores y motivos para transitar al nuevo sistema, es precisamente la necesidad de proteger los derechos fundamentales y garantizar que en lugar de procesar a personas con base en pruebas coaccionadas y muchas veces falsas, el sistema de procuración y administración de justicia se base en pruebas lícitas y confiables”, escribió Human Rights Watch a la Suprema Corte.
“Ahora que la Suprema Corte ha liberado a Arzate, las autoridades deberían investigar en profundidad sus denuncias de tortura y llevar ante la justicia a los responsables,” dijo Vivanco.
Para mayor información:
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