Atención: Jefes/as información, periodistas y corresponsales
Les compartimos los materiales de prensa derivados de la conferencia de hoy sobre el caso de Bettina Cruz, defensora de derechos humanos en Oaxaca, fue absuelta de diversos delitos que le había imputado la Comisión Federal de Electricidad desde 2011.
Agradecemos de antemano su interés y difusión que de esta información hagan.
Materiales de prensa:
- Nota de prensa (Adjunto y abajo)
- Liga de conferencia: (http://www.ustream.tv/recorded/58732898)
- Fotos de la conferencia (de izquierda a derecha): Chasel Colorado, Amnistía Internacional; Jaqueline Sáenz, Fundar; Bettina Cruz, Santiago Aguirre, Centro Prodh; Cristina Hardaga, Jass; y Alberto Solís, Serapaz.
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Libertad para Bettina Cruz, defensora de derechos humanos en Oaxaca
- Su caso, emblemático en la criminalización de luchadores sociales
México, DF, 12 de febrero de 2015. La defensora del territorio Bettina Cruz fue absuelta de los delitos de privación ilegal de la libertad y delitos contra el consumo y la riqueza nacional, de los que fue acusada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 2011 por su supuesta participación en una manifestación frente a las oficinas de la paraestatal.
Su caso es representativo del uso desviado de la justicia penal para acallar las voces de los defensores, señalaron las organizaciones Amnistía Internacional; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh); Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Asociadas por lo Justo (JASS); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Red Nacional de Defensoras y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
A pesar de que las organizaciones valoraron que es una buena noticia la absolución, dictada desde diciembre de 2014 y que recién quedó firme, hay más de 50 defensores y defensoras del Istmo acusados de diversos delitos en el contexto de la imposición de megaproyectos en la región, precisó Bettina Cruz.
En México, varios miembros de comunidades ikjoots y binnizá del estado de Oaxaca se oponen a que se construya un parque eólico en sus tierras y argumentan que no se ha llevado a cabo un proceso adecuado de consulta para obtener su consentimiento libre, previo e informado, y que les preocupa el impacto que la construcción tendría sobre su agricultura y sus tierras. A consecuencia de su oposición, estas comunidades, sus líderes, defensoras y defensores han sido objeto de amenazas, abusos e intimidación.
Un caso representativo ha sido el de la defensora de derechos humanos Bettina Cruz Velázquez, cofundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT) en México, quien ha defendido activa y públicamente los derechos de los pueblos indígenas en relación a la construcción del parque eólico.
Las organizaciones señalan que este caso evidencia el uso desviado del sistema de justicia en contra de las personas defensoras de derechos humanos, en particular de quienes trabajan en la defensa del territorio frente a la imposición de megaproyectos; se trata de uno de los pocos casos en donde puede emitirse una sentencia que equipara a una protesta con la privación ilegal de la libertad; pone de manifiesto el doble rasero con el cual opera el sistema de justicia para las defensoras de derechos humanos, pues mientras Bettina ha sido injustamente procesada con severidad por delitos que no cometió, los delitos cometidos en su contra para inhibir su labor permanecen impunes; y su caso es emblemático respecto al impacto diferenciado del acoso en contra de las defensoras en razón de ser mujeres.
Jacqueline Sáenz, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, señaló que el proceso contra Bettina estuvo lleno de irregularidades, mientras que Cristina Hardaga, de JASS, reclamó que el Estado evade su responsabilidad de proteger a las defensoras. Amnistía Internacional recordó que la defensora tendría derecho a una reparación del daño causado, y Alberto Solís de Serapaz recordó que éste fue el primer caso tomado por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, aclaró que el tema de fondo es la imposición de megaproyectos sin el consentimiento de los pueblos.
La defensora de derechos humanos, parte de la campaña #HazQueseVean de la CMDPDH, denunció que el contexto de riesgo de los defensores se inscribe ahora en que está en curso una consulta amañada para imponer más empresas eólicas en la región. Explicó que la consulta no es previa, libre ni informada porque ya hay concesiones expedidas y se persigue a los defensores del territorio.
Contacto:
Narce Santibañez Alejandre
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Oficina. 55466559
04455 8531 2218
