México, DF, 2 de julio. En febrero de 2014, el Estado mexicano envió un informe al Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas, en el que pretende contestar las recomendaciones más prioritarias que le formuló dicho Comité en su última evaluación al Estado mexicano en Ginebra en 2012.
En esa ocasión, el Comité CAT había condenado el “alarmante aumento del uso de la tortura durante interrogatorios de personas sometidas a detención arbitraria” (documento CAT/C/MEX/CO/5-6) y había pedido al Estado que informara en el plazo de un año sobre los avances en “enjuiciar a los sospechosos y castigar a los culpables de tortura”.
En su respuesta, emitida en febrero de este año, el Estado afirmó que entre 2005 y 2013 se lograron 119 “sentencias emitidas en el orden federal” por tortura “de conformidad con los registros del Consejo de la JudicaturaFederal” (documento CAT/C/MEX/CO/5-6/Add.1).
Puesto que la cifra de 119 dista por mucho de encuadrar en la realidad documentada por la sociedad civil, el Centro Prodh solicitó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) la información que sustentaba dicho dato. En respuesta, el CJF nos informó que en realidad el número de sentencias condenatorias por tortura entre 2005 y 2013 es de cuatro, dos de ellas firmes.
Al parecer, la cifra de 119 corresponde a personas consignadas por tortura, no personas sentenciadas — una diferencia muy importante—, ya que la consignación consiste en una acusación de parte del Ministerio Público que puede o no dar lugar a un proceso penal, mientras la segunda es una determinación judicial que impone una sanción por este delito.
En un contexto de impunidad casi total por actos de tortura, es sumamente grave que el Estado haya tergiversado este dato ante Naciones Unidas, sólo un par de meses antes de la visita oficial al país del Relator sobre Tortura, quien encontró que la tortura es una práctica “generalizada” en México. Precisamente esta realidad llevó a Amnistía Internacional a escoger a México como uno de los cinco países de enfoque de su campaña mundial Stop Torture y a diversas mujeres sobrevivientes de tortura sexual a lanzar una campaña contra esta práctica, llamada Rompiendo el Silencio: Todas Juntas contra la Tortura Sexual.
La principal beneficiaria de estas actitudes por parte del Estado es la impunidad. Persistir en el encubrimiento y la simulación, es continuar generando condiciones para alimentar el ciclo de la tortura. Es sumamente grave que mientras cada vez más sobrevivientes denuncian la tortura a pesar del miedo y los obstáculos que enfrentan, el propio Estado sigue encubriendo la magnitud del problema ante la comunidad internacional.
Podemos concluir que solamente con una acción firme por parte de los funcionarios públicos responsables, aplicando la ley y demostrando su voluntad para castigar a los perpetradores, se podrá desarrollar una lucha frontal contra la tortura. Hasta que el Estado acepte la gravedad de la situación y transparente la información relevante — hacia afuera y a nivel nacional a la sociedad mexicana — podremos hablar de señales de una verdadera voluntad política para poner fin a la tortura.
